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En la circunstancia en que se le advierte de un interrogatorio, ha obtenido un aviso de garantía, o ha tomado conocimiento del término de las investigaciones preliminares ex art. 415 bis del Código Civil italiano, para la acusación de la emisión de un procedimiento de condena penal, es decir, en la circunstancia en que se prescribe la aplicación de medidas cautelares, es necesario el nombramiento de una pena calificada.
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El Aviso de garantía es, por lo tanto, una notificación escrita del Ministerio Público, cuyo propósito es garantizar el derecho de defensa de la persona investigada.
Con este procedimiento, de hecho, el Ministerio Público informa a la persona investigada que se han llevado a cabo investigaciones en su contra en relación con una circunstancia que se considera un delito para nuestra legislación.
Con esto, la ley reconoce una garantía para la persona investigada que está a punto de convertirse en acusado y le informa del hecho de que el PM le proporcionará un nivel penal en su contra, a fin de encontrar un abogado antes de comenzar el posible juicio en para poder prever la presentación de todos los documentos requeridos, ser interrogados o solicitar que se lleven a cabo otras investigaciones.
Con el procedimiento de condena penal, previsto en el art.459 c.p.p., se inicia una disposición especial. Con el procedimiento por decreto, se superan tanto el proceso preliminar como la fase de debate.
El PM, después de haber llevado a cabo las investigaciones preliminares, en la circunstancia en que solo prescribe la aplicación de una sanción a nivel pecuniario, puede solicitar al Juez de Investigaciones Preliminares (GIP) la aplicación de una condena penal.
El GIP puede aceptar tal solicitud o no otorgarla.
La disposición emitida se notifica a la persona condenada y a su Defensor. Las medidas cautelares son implementadas por el juez, antes de aplicar una oración o disolverla.
Además, están previstos solo después de ser aceptados por el primer ministro, quien tiene el deber de enviar al juez pertinente las pruebas en que se basó la solicitud.
Cualquier persona puede estar sujeta a dicho procedimiento solo en circunstancias en que haya pruebas serias de culpabilidad, o cuando no haya razones para justificar lo que se ha hecho, sin la existencia de circunstancias que requieran la extinción. del crimen o castigo que se aplica. Las medidas de precaución se dividen en: personales y reales.
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Los personales implican para el sujeto involucrado una delimitación de su libertad personal (medidas coercitivas), o incluso una reducción en el ejercicio de sus derechos legales (medidas de interdicción); los reales afectan la situación patrimonial que determina la imposibilidad de disponer de bienes y objetos.